Puentes entre la antropología y el derecho en los casos penales de genocidio maya ixil

Resumen (Español)

El siglo XX fue un siglo de catástrofes humanas, violencia extrema y guerras mundiales. Hobsbawn (1998) y Frigolé (2003) consideran que fue el siglo de los genocidios. Entre 1960 y 1996 la República de Guatemala fue el escenario de uno de los conflictos armados internos más crueles de América Central. Más de 200.000 personas fueron asesinadas, ocurrieron miles de casos de violencia sexual, destrucción de comunidades, arrasamiento de tierras y desplazamientos forzosos. El 83% del total de víctimas fue población maya (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999). Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 sentaron las bases para que el Estado asegurara un país democrático y libre de violencias. Sin embargo, han transcurrido más de dos décadas para que las víctimas ejerzan su derecho a la justicia.

Esta comunicación presenta los resultados de una investigación etnográfica realizada entre 2018 y 2023 en la región ixil —una de las zonas más afectadas por la violencia militar, habitada en un 93 % por población maya, mayoritariamente ixil— y se centra en los casos penales de genocidio maya ixil contra el militar Efraín Ríos Montt (1982-1983) y contra el coronel Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
El trabajo de campo incluyó más de 60 entrevistas a testigos, operadores judiciales, defensores de derechos humanos y miembros de asociaciones de víctimas, además del análisis de documentación militar y la observación en los procesos de acompañamiento a las y los testigos.

La comunicación presenta el análisis de la interacción entre los y las testigos del caso penal por genocidio maya ixil y los operadores judiciales —fiscales, investigadores y abogados—, con un doble objetivo. Por un lado, mostrar el valor de la etnografía como herramienta fundamental para entender, describir y explicar los puntos de encuentro y desencuentro entre las y los testimonios y el aparato judicial estatal. Por otro, evidenciar cómo por la participación en estos procesos hay un reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos, a la vez que estos se apropian y resignifican categorías de los derechos humanos y del derecho internacional, como es la categoría de genocidio.