De la tolerancia colonial al reconocimiento constitucional: La larga disputa por la legitimidad de las juridicidades indígenas en Bolivia

Resumen (Español)

La historia de las juridicidades indígenas en Bolivia revela un campo de tensiones, acomodos y resistencias frente a distintos regímenes jurídicos dominantes: el derecho colonial español, el derecho republicano liberal y, más recientemente, el derecho plurinacional. Más que una línea continua de reconocimiento, se trata de una trayectoria interrumpida, en la que la coexistencia ha oscilado entre subordinación, tolerancia y reconocimiento parcial. Este trabajo examina cómo las juridicidades indígenas —que hoy se denominan “Derecho Indígena” bajo una categoría jurídica moderna— han sido moldeadas, limitadas o instrumentalizadas por el Estado en distintos momentos históricos.
Durante la colonia, ciertas formas normativas indígenas fueron documentadas por cronistas como Guaman Poma o Sarmiento de Gamboa a solicitud de las autoridades virreinales. Esto permitió cierta continuidad en materia de tierras, familia y sanciones, aunque bajo control colonial, conversión cristiana y obediencia a la Corona. La coexistencia jurídica era desigual y subordinada a la lógica imperial.
Tras la fundación de la República en 1825, el nuevo Estado heredó estructuras coloniales y adoptó un modelo jurídico monista que excluyó formalmente las normatividades indígenas. Políticas como la Ley de Exvinculación de 1874 atacaron la tenencia comunal y promovieron la individualización de la tierra bajo una retórica civilizadora, integrando a los indígenas como campesinos subordinados al imaginario mestizo-nacional.
La Revolución de 1952 redistribuyó tierras y otorgó derechos como el voto, pero lo hizo desde un paradigma de campesinización que negó la existencia jurídica diferenciada de los pueblos indígenas. No fue hasta los años noventa, gracias a la presión de movimientos indígenas y al Convenio 169 de la OIT, que se reinstaló la demanda por reconocimiento normativo, cristalizada parcialmente en la reforma constitucional de 1995.
La Constitución de 2009 proclamó a Bolivia como Estado Plurinacional y reconoció la coexistencia de múltiples sistemas normativos. Sin embargo, la Ley 073 de 2010 restringió severamente el ámbito de validez de las juridicidades indígenas, excluyéndolas de materias clave y subordinándolas al derecho estatal, sin consulta previa ni respeto a sus marcos epistémicos propios. Esta contradicción se evidencia en casos como el del Ayllu San Agustín de Puñaca, cuyos miembros recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo al Estado boliviano que cumpla su propia Constitución frente a la contaminación ambiental que amenaza su salud y territorio. Así, las juricidades indígenas continúan siendo disputadas incluso en el marco de su reconocimiento constitucional del Estado de Bolivia.